30/12/2025
*Nahle descarta persecución y confirma a la prensa que no existe ese delito, que habrá que revisar el Código Penal
Rodrigo Barranco Déctor
Veracruz, Ver. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado público a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para que aclare el uso del delito de terrorismo en contra del reportero de nota roja Rafael León Segovia, conocido como "Lafita", quien fue detenido el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos.
Durante su conferencia matutina de ayer, la mandataria federal expresó su desconcierto ante la tipificación del delito, señalando que se trata de una figura penal sin precedentes recientes en el país para casos relacionados con comunicadores.
"No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo; tendrá que explicarlo porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca", afirmó Sheinbaum.
Pardo desglosó su postura en tres ejes fundamentales para abordar el conflicto, que la FGE de Veracruz debe justificar técnicamente el uso del cargo.
Subrayó que la libertad de expresión debe estar "por encima de todo", y que, si existe un delito real, la autoridad debe probarlo y demostrar que no tiene relación con el ejercicio periodístico de León Segovia.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, se distanció de las acusaciones de censura. En declaraciones recientes, la mandataria estatal aseguró que su administración no coarta la labor de los medios y que el proceso judicial es responsabilidad autónoma de la Fiscalía.
"En materia de libertad de expresión no se coarta a nadie y todos son iguales ante la ley", sostuvo Nahle. Incluso llegó a afirmar que en la entidad la libertad de prensa se ejerce "hasta con excesos", negando que la detención del reportero obedezca a una consigna política o a un intento de silenciar a la crítica.
Rafael León Segovia fue aprehendido en un operativo que incluyó a fuerzas federales y estatales. Además de terrorismo, se le imputan delitos como encubrimiento por favorecimiento y actuación contra las instituciones de seguridad pública.
Organizaciones como Artículo 19 han condenado la detención, calificándola como una "criminalización de la labor periodística" y un uso arbitrario del sistema penal. Según familiares del comunicador, su detención estuvo plagada de irregularidades, incluyendo la sustracción de pertenencias personales y un vehículo.
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