Columna: Desastre en Purga

14/04/2025

Iván Calderón

En Manlio Fabio Altamirano: Denuncias de Coacción Electoral y Uso Político de Recursos

Manlio Fabio Altamirano, Ver.- En el municipio, popularmente conocido como “Purguita la bella”, se han abierto interrogantes sobre la administración de la alcaldesa Ana Arrieta. Según diversas denuncias, la actual gestión habría incurrido en prácticas irregulares al presuntamente incentivar el voto para la candidatura de Yuliana Neva, mediante acciones que incluyen la coacción a maestros durante una reunión privada el pasado 9 de abril.

Los hechos se enmarcan en una serie de acusaciones de intervenciones en el proceso electoral, en las que se señala que, tras la desilusión de no ver favorecida su lista de aspirantes, la alcaldesa –quien se autodefine como “huertista” y aspirante a la gubernatura– habría, siguiendo indicaciones de Manuel Huerta, decidido apoyar a Yuliana Neva. Esta candidata, quien habría transitado ideológicamente de posturas panistas y perredistas a un posicionamiento de izquierda, actualmente se encuentra respaldada por el Partido del Trabajo (PT). La proximidad a este partido ha sido calificada por críticos como fruto de ambiciones personales y de un oportunismo político, más que de un compromiso con la transformación.

Entre las denuncias se señala que, para favorecer a la candidata del PT y favorecer intereses propios, funcionarios municipales habrían ofrecido recursos en especie –como cemento, láminas y luminarias– a cambio del voto, y se habrían establecido condicionantes para el acceso a apoyos sociales y trámites, situación que afectaría incluso a familiares del entorno de la alcaldesa. En este contexto, el municipio enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral, al tiempo que surgen interrogantes sobre el manejo de los recursos municipales y las prioridades de la actual administración.

Las críticas apuntan a que estas acciones responden a una estrategia de complacencia y de favorecer intereses particulares, en detrimento de una elección limpia y democrática, afectando la credibilidad tanto del gobierno local como del proceso electoral en su conjunto. Las autoridades competentes aún no han emitido declaraciones oficiales sobre las denuncias, mientras la ciudadanía y diversos actores políticos exigen claridad y rendición de cuentas para evitar el uso político de los recursos públicos en beneficio de grupos particulares.